Ante la inminente aprobación de la nueva Ley de Cuerpos Penitenciarios, el Consejo General de Colegios oficiales de Educadoras y Educadores Sociales-CGCEES, ha remitido a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (Ministerio del Interior) el informe “EDUCACIÓN SOCIAL EN INSTITUCIONES PENITENCIARIAS” con el que se argumenta y se solicita la incorporación de Educadoras y Educadores Sociales en los centros penitenciarios de todo el ámbito estatal, excepto en la Comunidad Autónoma de Catalunya, en el que esta figura profesional está implantada desde años.
Es alarmante que, avanzado el siglo XXI, la función de Educador/a sea ejercida por personal funcionario de vigilancia que no dispone de la titulación en Educación Social, adecuada para la correcta implementación de los programas de tratamiento en los centros penitenciarios.
Distintos sectores sociales de atención a las personas privadas de libertad, foros profesionales y personal funcionario de las instituciones penitenciarias solicitan desde hace tiempo la profesionalización de la figura del/de la Educador/a en prisiones, con la titulación universitaria exigible a cualquier actividad técnica y educativa.
El CGCEES solicita a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias una profunda reflexión sobre la importancia y la necesidad de implementar la Educación Social, para, entre otros derechos básicos de las personas privadas de libertad, dar un sentido pleno al artículo 25.2 de la Constitución Española, así como al principio que emana de la Ley Orgánica General Penitenciaria.
Febrero de 2021
